La causa "Vialidad", en la que se acusa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber liderado una presunta asociación ilícita dedicada a perpetrar hechos de corrupción durante la gestión "K", ingresa en una etapa de definiciones, con el fiscal Diego Luciani en el centro de la escena.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) vuelve a hablar este lunes en el juicio oral el supuesto direccionamiento de proyectos viales en Santa Cruz. La ex Presidenta afronta un pedido de condena a 12 años de cárcel en el marco de este proceso.

Luciani hace uso de la palabra para responder los planteos de nulidad que hicieron algunas defensas. Es un etapa técnica que llevará una sola audiencia, pero es el comienzo del tramo final del proceso previo al veredicto que será antes de fin de año.

Después de tres meses, a fines de octubre terminaron los alegatos en el juicio. Fue la etapa en la que la Fiscalía pidió distintos montos de pena para los 13 acusados, al entender que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de CFK se cometieron irregularidades en las 51 obras públicas viales que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz.

Las defensas rechazaron las imputaciones y pidieron las absoluciones.

En los alegatos, algunos de los acusados plantearon nulidades a través de sus abogados. Eso tiene que ser contestado por los acusadores y ocurrirá en la audiencia de hoy. Primero serán los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) -tienen que responder solo una de las nulidades- y luego los fiscales Luciani y Sergio Mola.

"Vialidad": los puntos objetados por las defensas

Una de las nulidades planteadas es el uso de los mensajes de whatsapp del celular del ex secretario de Obras Públicas José López que se le secuestró cuando fue detenido en junio de 2016 con los bolsos con nueve millones de dólares, consigna un informe de Infobae. La Fiscalía planteó que a través de esos mensajes se reveló lo que llamaron “plan limpiar todo” para beneficiar a Lázaro Báez los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner en 2015.

Otra objeción es sobre el uso del procesamiento del propio López en la causa de los cuadernos de la corrupción donde declaró como arrepentido. Otras nulidades son por las escuchas telefónicas a Báez y cuestiones más técnicas.

Primero responderán los abogados de la UIF y luego la Fiscalía. Se descarta que van a pedirle al Tribunal Oral Federal 2 que rechace todos los pedidos. Con eso se cierra una etapa del juicio pero hay que resolver si se abre otra.

Se trata de la que se conoce como réplicas y dúplicas. Es para los casos en los cuales durante los alegatos alguna parte haya introducido un tema nuevo que no pudo ser contestada por la otra. El tribunal le dio al fiscal Luciani la potestad para decidir si tiene que habilitarse esa etapa.

Se espera que las audiencias finalicen antes del cierre de 2022, por lo que también los acusados deberían tener la oportunidad de expresar sus palabras finales. Se estableció que será por orden alfabético. Así, el primero sería Báez y Cristina Kirchner, la sexta en tener la oportunidad de hablar ante los jueces antes del veredicto.

Esa etapa podría comenzar esta semana. Dependerá del esquema que arme el tribunal y de eso la fecha del veredicto. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso mantienen la idea de que sea este año. Y los tiempos del calendario y lo que le falta al proceso da para que eso ocurra.

El veredicto será virtual, si ninguna parte pide que sea presencial. Desde agosto de 2020 el juicio se hace por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. Para los alegatos algunas partes pidieron estar presentes en la sala de audiencia y el tribunal lo aceptó. Hasta el momento ninguna hizo planteos para modificar el esquema. Un veredicto presencial en Comodoro Py implicaría montar un operativo de seguridad especial por la presencia de Cristina Kirchner, más aún después del intento de homicidio que sufrió. Y se suma una posible movilización de la militancia.

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la Vicepresidenta pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para López, para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vilidad Nelson Periotti, entre los principales acusados.

“Cristina Kirchner nunca impartió ninguna orden sobre las obras. Es imposible que el Presidente tenga control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan, pagan y controlan. No hay ningún elemento que sostenga lo contrario”, dijo por su parte Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, en una de las audiencias de alegatos.